Comunicado del colectivo sindical Sindhep en solidaridad con nuestros hermanos del pueblo raizal y de las comunidades chocoanas y las obligaciones de la Defensoría del Pueblo para la garantía y exigibilidad de sus derechos humanos con ocasión de los efectos devastadores del cambio climático 20 de noviembre de 2020
Ante las graves situaciones originadas por las catástrofes climáticas provocadas por el Huracán Iota en San Andrés y Providencia, así como la declaratoria de emergencia por las graves inundaciones y deslizamientos en la mayoría de municipios de Chocó, el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo – SINDHEP, extiende su solidaridad con todas y cada una de las personas y comunidades afectadas, incluyendo a los y las trabajadoras de la Defensoría del Pueblo de la Regional San Andrés y Providencia y Chocó; y advierte sobre las consecuentes vulneraciones de derechos humanos que tienen lugar en este tipo de escenarios, haciendo un llamado a la Institucionalidad Estatal para atender en debida forma la emergencia y prevenir y/o resarcir el menoscabo de la dignidad humana y los derechos fundamentales de la población.
Con preocupación, alertamos sobre la alianza realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos de Colombia, con los medios de comunicación RCN noticias, NTN24, RCN radio, la FM, la Cariñosa y el Diario La República. Según dicha alianza, la Defensoría del Pueblo se compromete a recibir en sus sedes de Cartagena, Cali, Medellín, Pereira y Bogotá, alimentos no perecederos, ropa para clima caliente y elementos de aseo con el propósito de ser entregados como ayuda humanitaria, es importante referir que son los organismos de socorro los que tienen la experiencia para atender estas situaciones, por tanto debería ser la Cruz Roja o la Defensa Civil, las llamadas a operar tales ayudas, para que como Defensoría del Pueblo concentremos los esfuerzos en exigir que se atiendan de manera adecuada y oportuna las graves y profundas vulneraciones de derechos humanos en el territorio nacional, en materia del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
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