DECLARACIONES PÚBLICAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE COLOMBIA, CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PONE EN RIESGO A SERVIDORES PÚBLICOS Y COMUNIDADES INMERSAS EN CONFLICTOS INTERCULTURALES POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO.

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Los pronunciamientos estigmatizantes en detrimento de líderes sociales en Colombia incitan el uso de violencia en su contra como instrumento ilícito de control social, en territorios donde actores al margen de la ley se han constituido en factores locales de poder.

Tomado de: Estigmatización y criminalidad contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, https://www.revistacientificaesmic.com

Responsabilizamos al Defensor del Pueblo: Carlos Ernesto Camargo Assis, por la exacerbación o materialización de riesgos sobre la vida, libertad e integridad de las servidoras y los servidores de la Defensoría del Pueblo en terreno o de las y los integrantes de comunidades, organizaciones campesinas, étnicas y populares inmersos en conflictos interculturales o de exigibilidad del derecho a la tierra y el territorio, como consecuencia de sus declaraciones públicas promulgadas en varios medios de comunicación, en el marco de la realización de la Mesa Nacional para la superación de la conflictividad social por la ocupación de tierras convocada por su despacho, el día 07 de septiembre1 de 2022.

Lamentablemente de la mesa que usted y sus directivos convocaron ayer, solo se hizo eco por algunos medios nacionales el mensaje: “Disidencias de las Farc y el ELN estarían involucrados en algunas invasiones de tierras, alertó la Defensoría- El Defensor del Pueblo Carlos Camargo, indicó que estructuras ilegales como el ELN y disidencias de las Farc estarían detrás de ciertos casos de ocupación de terrenos”3 , lo cual es muy grave y pone en riesgo la vida libertad e integridad de defensores de derechos del campesinado y servidores de la Defensoría del Pueblo, en territorios convulsionados con alta presencia de actores armados, donde el monopolio del uso de la fuerza no está en manos de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, sino de múltiples grupos armados ilegales.

En el artículo del Señor Camargo publicado en el diario El Tiempo, el pasado 31 de agosto de 2022, titulado “El acceso legal a las tierras, un derecho de todos” , se refleja el enorme desconocimiento del ordenamiento jurídico en Colombia alrededor del derecho agrario, cuyo desarrollo normativo se ha centrado en la necesidad de modificar la desigual estructura de la tenencia de la tierra en Colombia, con un vergonzoso índice Gini del 0,897; uno de los más altos de América Latina y del mundo.

Su columna de opinión constata lo que ha venido denunciando nuestro sindicato SINDHEP desde antes de ser elegido por la Cámara de Representantes en esa terna de uno: Carlos Camargo Assis no reúne las calidades para ser Defensor del Pueblo, y adolesce de un equipo directivo que le ilumine un poco, frente a sus Carencias. Se esperaría que su Defensor Delegado de Asuntos Agrarios y Tierras, Señor Carlos Aurelio Merchán Tarazona, quien entre salario y viáticos recibe más de 30 millones de pesos mensuales, por lo menos debería hacerle conocer lo que establece la Ley 160 de 1994, en relación al Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, que en sus primeros artículos refiere que las normas para la reforma agraria propenden por:

Primero. Promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina.


Segundo. Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional.

Señor Camargo, queremos como organización sindical recordarle que, como Defensor del Pueblo, usted es la cabeza de la institución de derechos humanos del Estado colombiano, responsable del ejercicio de la Magistratura Moral, y que sus pronunciamientos, deben constituirse en defensa y protección de los derechos humanos, en especial de los más vulnerables. Que la omisión en su Plan Estratégico Institucional 2020-2024, no lo desliga de sus obligaciones constitucionales como es la de promover la Paz y la convivencia armónica en los territorios. Su tarea es convocar de manera honesta al diálogo social. Que no le corresponde hacer señalamientos, y que, por el contrario, su papel es contribuir en la solución de las múltiples conflictividades territoriales que tienen por causa circunstancias de acumulación de la propiedad.

Sus manifestaciones públicas, Defensor, verbales o escritas, deben atacar la informalidad en la tenencia de la tierra, el desplazamiento forzado, los confinamientos, el despojo violento de más de seis millones de hectáreas, en un contexto en el que el 60% del campesinado se encuentra por debajo de las líneas de pobreza extrema, entre otros asuntos.

Tales conflictividades sobre la tierra, en lugar de ser irresponsablemente calificadas como delito, debería ser óbice para que usted como Defensor del Pueblo, haga un fuerte llamado de atención a las entidades de Estado para que atiendan y ponderen estos fenómenos, con miras a dar soluciones globales que garanticen la realización de postulados constitucionales que tienen por objeto el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos de acceso a la tierra y el territorio de pueblos étnicos, comunidades campesinas y sectores rurales marginalizados.

Por tal razón desde nuestra organización sindical elevamos nuestra voz de rechazo a tales declaraciones replicadas en medios de comunicación, que señalan qué estructuras ilegales están permeando la conflictividad social que se presenta en varios lugares del país. Si ello es así, exigimos que presente ante las autoridades correspondientes las pruebas sobre tales afirmaciones; en caso contrario es su deber moral retractarse como corresponde y realizar las aclaraciones necesarias. ¡Cumpla con su mandato legal y constitucional de ser el garante de los Derechos Humanos de todos los habitantes del país y los connacionales en el exterior!

Su obligación, es prevenir que el país siga repitiendo los ciclos de violencia, en comunidades sometidas a la exclusión y a la estigmatización de procesos sociales que han tenido que soportar violencias estructurales. Le instamos a que cese de manera inmediata, su campaña de información que puede llamar al ejercicio de la violencia; a no incrementar los argumentos que permiten convocatorias como la realizada recientemente por el Señor José Félix Lafaurie, invitando a crear grupos de reacción solidaria, en un país con serios antecedentes de paramilitarismo y otras formas de violencia armada que han facilitado el despojo, el desplazamiento, la desaparición forzada, las masacres, el extermino de procesos sociales, que han sumido al país en una horrible noche.

Convocamos a la solidaridad de la ciudadanía para #defenderladefensoría, en tanto continúe este Defensor del Pueblo y un cuerpo directivo qué no solo se benefician con salarios multimillonarios, sino que no cumplen con las obligaciones constitucionales para los cuales fueron nombrados en sus cargos. Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía qué de oficio inicien sus labores, si de tales declaraciones surgen riesgos sobre la vida libertad integridad y seguridad de servidores de la defensoría del pueblo o de líderes o lideresas inmersos en conflictos por la tierra y el territorio.

Solicitamos también al Gobierno del cambio, en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, abstenerse de realizar acciones concurrentes, en espacios que arrojen situaciones como la mesa de tierras convocada por el Defensor, que en nada contribuyen a tan anhelada Paz y que por el contrario puedan derivar en riesgos para las comunidades y/o funcionarios que desarrollamos labores en zonas convulsionadas por múltiples violencias.

Bogotá, 08 de septiembre de 2022
CONSEJO DE GESTIÓN

Acá puede descargar el comunicado.

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