COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA EN LA ACTUAL COYUNTURA ELECTORAL SOBRE LA URGENCIA DE UNA PAZ COMPLETA Y CON GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
Desde REDSIPAZ; La Red Sindical para la Defensa de la Paz y lo Público; compuesta por los Sindicatos abajo firmantes, celebramos que a través de las elecciones de primera vuelta presidencial del pasado 29 de mayo, la ciudadanía haya manifestado de manera contundente el anhelo y la necesidad de cambio en la estructura y dirección política del Estado. Se hizo evidente en esta ocasión el hartazgo y rechazo ciudadano al proyecto político Uribista, el cual luego de más de dos décadas de haberse instalado en las entidades públicas y de haber permeado nuestra cultura política y cívica, nos deja un saldo enorme de inequidad social, corrupción y violencia.
Ese proyecto político profundizó el desmonte del Estado Social de Derecho y de las políticas de protección social; el irrespeto al equilibrio de poderes y a la independencia de los entes de control y la agudización del conflicto armado con la consecuente vulneración masiva de Derechos Humanos, expresadas estas últimas en desplazamientos y confinamientos masivos, en el registro de más de 9millones de víctimas, más de seis millones de hectáreas de tierras despojadas; más de 6402 ejecuciones extrajudiciales, y un Acuerdo de Paz que han querido hacer trizas desde el primer día de gobierno de Iván Duque Márquez.
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando como un mandato de cambio, lo expresado en las urnas el pasado 29 de mayo, por parte de las víctimas del conflicto, los firmantes de
Paz, las ciudadanías diversas, los pueblos indígenas, las comunidades negras entre otros sectores; las y los trabajadores que hacemos parte de REDSIPAZ hacemos un llamamiento al próximo gobierno para que se comprometa real y decididamente con la Paz y con la No Repetición como requisito para la reconciliación nacional.
En ese sentido manifestamos que:
1) Es necesario que el nuevo gobierno desarrolle de una política de No Repetición que agrupe las instituciones creadas por la Ley 1448/2011 y el Acuerdo de Paz, bajo el horizonte común de contribuir a una Paz estable y duradera.
2) Cualquier iniciativa de desmantelamiento de las entidades que trabajamos por la paz y la política social agudizarán las causas germen del conflicto y la violencia política y social del país, por lo que su fortalecimiento es condición de desarrollo, prosperidad y paz para todos los colombianos y colombianas.
3) Es una exigencia para el nuevo Gobierno Nacional, que se comprometa con la atención integral a los más de 22 millones de colombianos y colombianas que viven en condiciones de pobreza y que garantice la formulación de una política pública que aborde el grave y estructural problema de la pobreza no como un mero asunto monetario, sino que reconozca su complejo carácter multidimensional que demanda del Estado una intervención integral, diferencial y articulada.
) La Paz requiere de un gobierno que brinde política, administrativa y presupuestalmente las garantías para que ésta ocurra y que por sobre todo permita la participación real de las y los firmantes del Acuerdo de Paz de la Habana; así como de la diversidad de comunidades que rodean el proceso de reincorporación, en las políticas públicas que se formulan para la implementación. Adicionalmente se requieren los ajustes institucionales que permitan afrontar los nuevos contextos socio políticos del país y la Implementación del Acuerdo, como un compromiso de Estado y no de Gobierno.
5) Nos solidarizamos con las familias de los líderes sociales, ex integrantes de las FARC- EP y escoltas de la Unidad Nacional de Protección -UNP- que han sido víctimas de homicidio por parte de los ilegales y fuerzas extrañas; en esa medida exhortamos al nuevo Gobierno Nacional como responsable del orden público, que desmonte la actual doctrina de seguridad nacional y exigimos la implementación efectiva del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios y el fortalecimiento del Programa de Seguridad a Líderes Sociales; cesando las dilaciones administrativas y financieras, las cuales no pueden ser excusa para que el Estado no garantice la vida, la seguridad e integridad personal de los connacionales.
6) Exigimos al nuevo Gobierno Nacional y a los organismos internacionales la prohibición en el uso de todo tipo de armas oficiales para reprimir la protesta social.
En el siguiente enlace el comunicado completo y sindicatos firmantes.