Carta al Defensor Sobre Paramilitarismo

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08 de Febrero de 2017

Doctor

CARLOS NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo

Ciudad

Reciba un cordial saludo, El discurso acerca de la inexistencia del paramilitarismo en Colombia se puede rastrear desde de los inicios mismos de esta práctica, pero es a partir del año 2006 al finalizar la desmovilización colectiva del proceso federativo de las AUC, cuando este discurso intentó instalarse definitivamente. A pesar de ello, múltiples agencias como la MAPP-OEA, INDEPAZ, la desaparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación e incluso la Defensoría del Pueblo, documentaron la continuidad del fenómeno paramilitar por rearmes, grupos que nunca se desmovilizaron, la continuidad de la violencia contrainsurgente y el desarrollo de una nueva fase de afianzamiento y consolidación del orden establecido en algunos territorios donde sobre las tierras arrasadas y despojadas se constituían prósperos negocios mineros, agroindustriales y ganaderos. En junio del 2016 el entonces Fiscal General de la Nación manifestó que: “Muchas de las estructuras de crimen organizado están conformados por paramilitares. Esa relación existe. Lo que pasa es que tenemos absoluta claridad de que en Colombia el fenómeno del paramilitarismo no existe”[1]. Por otra parte, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo encargado de la política pública de prevención y protección en el gobierno manifestó en abril de 2016 que el paramilitarismo en Colombia dejo de existir porque las bandas criminales que operan actualmente: “no tienen las características, ni las condiciones, ni los vínculos con agentes del Estado que tenían los paramilitares hace 20 años en Colombia”[2]. A estas declaraciones se suman las del Ministro de Defensa que en enero de 2017 dijo frente al recrudecimiento de la violencia en el municipio de Tumaco que: “En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”. El pasado lunes 30 de enero, sus declaraciones en el periódico La Opinión de Cúcuta: “Para que hubiese paramilitarismo en Colombia debería ser antisubversivo y con fuerza pública. Si esa es la definición, en este momento no hay”[3], fueron sorpresivas ya que el pasado 12 de Enero en una entrevista que dio al diario El Espectador mencionó que una de las grandes preocupaciones de la Defensoría del Pueblo era la llegada de otros grupos armados a las zonas donde se retiraban las Farc-EP: “También se creó transitoriamente la Unipep (Unidad Para la Edificación de la Paz), que son 12 mil hombres que están cerca de las zonas veredales para desmantelar cualquier movimiento paramilitar que surja alrededor.

Es verdad que esos movimientos paramilitares van a querer tomar el control de esas zonas donde estaban las Farc porque ahí existen cultivos ilícitos”[4]. Negar la existencia del paramilitarismo podría ocultar la persistencia de formas de violencia que en varias regiones del país mantienen el control bajo esta lógica. El paramilitarismo no se puede borrar del lenguaje de la violencia en Colombia, no es un fenómeno estático y rígido que cumple con unos requisitos para ser reconocido, por el contrario, este es un proceso complejo. La violencia paramilitar no ha tenido objetivos unívocamente contrainsurgente, en los territorios donde expulsaron a la insurgencia continuaron ejerciendo la violencia a través de sofisticados mecanismos que apuntan a la conservación del poder (económico, político y social), así mismo las AUC no eran propiamente un grupo de autodefensas, se dedicaban al tráfico de drogas, la regulación de la delincuencia común, el contrabando, la exacción de recursos públicos. Para entender el paramilitarismo es necesario tener en cuenta que en varias regiones del país el fenómeno paramilitar antecedió en muchas décadas a la llegada del proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El paramilitarismo anterior a las AUC tuvo básicamente dos expresiones. En primer lugar operaciones encubiertas realizadas directamente por agentes del Estado, (cómo ejemplo está el tristemente célebre F-2), a través de las cuales se hacía la mal llamada “limpieza social” y se ejecutaban homicidios selectivos de personas vinculadas a la oposición de izquierda. En segundo lugar, actuaban cuerpos de vigilancia y seguridad privadas, conocidos como “ejércitos privados” al servicio de sectores directamente vinculados al acaparamiento y acumulación de tierras los cuáles en la práctica, dado su poder económico ostentaban tal poder político que, a la postre terminaban siendo los representantes de la institucionalidad. Estas dos expresiones se entrecruzaban muy a menudo y con el tiempo terminaron fundiéndose en un solo proyecto donde el objetivo fundamental, utilizando a veces un discurso y unas prácticas contrainsurgentes, fue el del mantenimiento de un statuo quo funcional a los intereses de las élites, que coincidían casi siempre con los representantes de los poderes del Estado. Dos de las características del paramilitarismo son, por una parte, su enorme capacidad para mutar y adecuarse a los nuevos contextos que se configuran y, por la otra, la diversidad de sus formas, contenidos y repertorios. Así las cosas, definir al paramilitarismo exclusivamente por sus vínculos directos con agentes del Estado y por su discurso abiertamente contrainsurgentes, es muy restrictivo e impide comprender sus variantes y su funcionalidad a un proyecto político determinado que se esconde detrás de las actividades ilegales que controla. El proyecto AUC se ha asumido como una suerte de tipo ideal de paramilitarismo y tomándolo como referente se da o niega el calificativo de paramilitar. Se olvida no solo que el proyecto AUC fue muy heterogéneo, sino que sus actividades ilegales permanecen hoy en día en las estructuras remanentes a las que se les aplica el eufemismo de Grupos Armados Organizados (GAO) o Bandas Criminales (BACRIM). Son más las continuidades que las discontinuidades o rupturas existentes entre el paramilitarismo anterior al proyecto AUC y el que se configuró luego de la desmovilización de algunas de sus más importantes estructuras. El común denominador a estos tres momentos se pone de presente cuando se responda a estos interrogantes: ¿quiénes se han beneficiado?, ¿qué tipo de modelo de desarrollo se ha promovido?, ¿quiénes hacen parte de los poderes públicos en lo local y regional? ¿Quiénes son sus víctimas? En la actualidad, el avance de grupos armados que devienen del fenómeno paramilitar se ha dado con la clara connivencia de miembros de la Fuerza Pública, aún se mantienen los vínculos que se forjaron en su origen y el caso del Bajo Atrato es diciente acerca de esta situación. Hace 20 años, en 1997 se desplegó la Operación Génesis[5] por la cual ha sido condenado el Estado Colombiano, debido a que esta se llevó a cabo en coordinación entre tropas de la Brigada XVII y hombres del Bloque Elmer Cárdenas lo cual derivó en el desplazamiento de miles de personas que facilitó un proceso acelerado de acumulación y despojo de tierras para el establecimiento de proyectos agroindustriales y ganaderos que persisten hasta hoy. Desde septiembre de 2015 la Defensoría ha advertido al gobierno nacional acerca de la incursión de grupos paramilitares a las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó y Cacarica, donde hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia operan libremente por el río Atrato y reciben remesas a pesar de la presencia de puestos de control de la Armada Nacional. Veinte años después, el Bajo Atrato vuelve a ser tomado por grupos paramilitares en medio de la desmovilización de las Farc-EP. Sin embargo, situaciones similares han sido advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en zonas como el Sur de Bolívar, el norte del Cauca, el Pacifico Chocoano (Bahía Solano, Nuquí y Juradó), Tumaco, Buenaventura, el Bajo Cauca Antioqueño, el Sur del Meta y el Sur de Córdoba. Esto resulta preocupante, toda vez que en el marco del Acuerdo de Paz el Punto 3 establece diferentes compromisos de parte del Gobierno Colombiano para esclarecer, prevenir y combatir el fenómeno paramilitar, como base para un proceso efectivo de participación política. Lo realmente significativo del asunto, son los impactos negativos que el accionar de estos grupos comporta para la sociedad y en especial para sectores sociales que promueven cambios en el orden existente hacia los cuales, en lo fundamental, se dirigen sus acciones. ¿Qué pasará cuando los procesos de exigibilidad de derechos de las comunidades para la restitución efectiva de las tierras despojadas, la formalización de la tenencia de la tierra, las exigencias de justicia, las iniciativas de desarrollo propio que se oponen a la extracción de recursos naturales (minería, hidrocarburos, proyectos energéticos), entren en tensión con el poder establecido con ayuda del paramilitarismo?

El paramilitarismo sigue más vivo que nunca, ronda las comunidades, convive con la fuerza pública, protege el despojo, asesina, señala, estigmatiza y desaparece personas, trafica, incide en la elección de alcaldes y gobernadores, mientras enriquece a los políticos, terratenientes y empresarios que se beneficiaron de su violencia. Hoy presenciamos en vida los eventos históricos de la paz y creemos que existe un compromiso esencial del Estado Colombiano en la garantía y cumplimiento de los acuerdos de paz implementados y por implementar. La Defensoría del Pueblo cuenta con datos suficientes para comprender la importancia del fin del conflicto, también para soportar la hipótesis de que es el paramilitarismo es una de las principales amenazas a la consecución de la paz, en especial teniendo en cuenta lo advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en comunicado emitido el 2 de Noviembre de 2016 [6]. Invitamos al Defensor del Pueblo a asesorarse de quienes han venido estudiando al paramilitarismo desde la academia y desde el terreno. También lo invitamos a que se separe de posturas de Gobierno y realice las acciones que le competen como representante del Ministerio Público. Lo instamos a tener en cuenta los aprendizajes que nos deja la historia de la violencia en el país, los vínculos del paramilitarismo con el Estado (Operación Génesis, Masacres de Mapiripan, El Aro, Segovia, El Salado, Nueva Venecia, San José de Apartadó etc.), los crímenes que se cometieron contra la población, el sufrimiento y dolor de las víctimas, pero especialmente sus dignas luchas por el reconocimiento de estos hechos y sus esfuerzos para resistir en medio de situaciones de violencia que aún persisten. Para que nunca más vuelva a ocurrir, reconocer.

Atentamente,

SINDICATO DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO – SINDHEP

[1] Ver en http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-se-prepara-para-someter-a-las-bandas-criminales/479573

[2] Ver http://www.elheraldo.co/barranquilla/cristo-dice-que-el-paramilitarismo-en-colombia-no-existe-256216

[3] Ver http://www.laopinion.com.co/cucuta/defensor-sostiene-que-no-hay-paramilitarismo-127052#ATHS

[4] (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-no-puede-morir-ni-un-lider-social-mas-defensor-articulo-674460)

[5] Ver http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_270_esp.pdf

[6] Ver http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/160.asp

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