Propuesta De Ajuste Institucional

Presentación

La Defensoría Delegada para los Derechos de Población Desplazada surge en el interior de la Defensoría del Pueblo como una estrategia de organización institucional para atender la grave crisis de violación de derechos humanos que ha representado el desplazamiento forzado en Colombia con ocasión del Conflicto Armado Interno, y ha concentrado los esfuerzos en la protección colectiva de los derechos humanos a través de la presencia permanente de Defensoras/es Comunitarias/os y Asesoras/es de Desplazamiento en territorios marginalizados donde se presenta con intensidad actividades militares del conflicto, haciendo acompañamiento directo a las comunidades vulneradas o en riesgo de vulneración de derechos humanos, en aras de movilizar la intervención estatal para lograr el Goce Efectivo de Derechos de la población víctima de desplazamiento forzado o en riesgo de serlo. Esto corresponde con una serie de ajustes institucionales del Estado colombiano para la protección de la población desplazada interna como la Ley 387 de 1997, la Sentencia T-025 de 2004, y recientemente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para estructurar mecanismos de atención a la grave crisis humanitaria existente en Colombia por la afectación de población civil por las situaciones propias del conflicto armado interno, y en virtud también de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Las disposiciones normativas respecto de la labor de los Defensores/as Comunitarias/os también han evolucionado generando reconocimientos formales sobre las funciones de tales servidores públicos encargados de proteger derechos humanos en territorios con comunidades marginales como parte de una estrategia global de prevención, como se afirma en el artículo 201 del Decreto-Ley 4800 de 2011 que establece como su objetivo “(…) desarrollar acciones descentralizadas de promoción, divulgación y protección de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en comunidades altamente vulneradas o vulnerables por el conflicto armado interno.” Sobre ese lineamiento se ha venido adelantando durante más de una década la ardua labor de defensa de derechos humanos en los escenarios territoriales del conflicto armado interno de Colombia, con resultados que ameritan la valoración y reconocimiento institucional por parte de la Defensoría del Pueblo, pero que en términos globales han favorecido el acceso a la justicia y el reforzamiento del ordenamiento constitucional para la protección de la población en peores condiciones de vulneración o vulnerabilidad de sus derechos, lo que en general mejora la percepción de la ciudadanía colombiana sobre la labor de la Defensoría del Pueblo y legitima el Estado colombiano.

La resolución política del conflicto armado interno en Colombia por medio de acuerdos de paz con las partes beligerantes con fundamento en el orden constitucional de 1991, implica una profunda transformación de la realidad socioeconómica, política y cultural de Colombia que genera grandes expectativas pero también incertidumbres sobre la evolución de la realidad política del país, con una fuerte polarización respecto de los procesos de paz en las elecciones presidenciales de 2014 y el referendo de 2016, promovida abiertamente por partidos y caudillos políticos, y que tenderá a profundizarse de cara a las elecciones presidenciales de 2018, que serán determinantes en dos factores estructurales de la dinámica del Conflicto Armado Interno de Colombia: 1) La implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que han hecho dejación de armas, y 2) La negociación con el Ejército de Liberación Nacional que se sustenta en la promoción de la participación social directa en los diálogos. Vale anotar que la polarización también se evidencia con el homicidio sistematizado de líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos en Colombia, como se ha analizado en el Informe de Riesgo 010 de 2017 del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, así como la adaptación del fenómeno del paramilitarismo hacia esquemas de operación encubierta pero igualmente efectiva en el uso violencia sistemática por grupos organizados para favorecer intereses políticos y económicos particulares a nivel territorial.

El nuevo escenario de un potencial fin del conflicto armado a través de acuerdos políticos surge junto con polarización socio-política y violencia sistematizada contra comunidades y líderes sociales, dando continuidad a una situación en la que el Estado colombiano no puede garantizar el monopolio del uso de la fuerza ni brindar protección a la vida de los ciudadanos, mientras su propia legitimidad se ve comprometida con escándalos públicos de corrupción y por la ineficiencia en la gestión pública por dinámicas clientelistas y personalistas con las que se manejan las entidades del Estado, que impide superar la crisis estructural de violación de los derechos humanos existente a nivel territorial, especialmente en las regiones de alta conflictividad militar. La PAZ a nivel territorial requiere un ajuste del Estado colombiano a nivel institucional con transformación de los esquemas de administración y gestión pública en función de lograr verdaderas garantías materiales a los derechos humanos de la población civil o la ciudadanía colombiana, y que no es más que hacer realidad los propósitos de la Constitución Política de Colombia de 1991.

Por ello, la construcción de paz en Colombia exige de una entidad como la Defensoría del Pueblo, garante de los Derechos Humanos en Colombia, una adecuación institucional que permita ampliar su capacidad de incidencia para lograr una efectiva movilización del Estado en sus distintos niveles de organización para direccionar la gestión de los recursos públicos hacia la resolución de las graves problemáticas de vulneración de derechos humanos existentes en los territorios y comunidades donde se ha presentado el conflicto armado interno, incluyendo el acompañamiento para la reconstrucción del tejido social, no sólo en procesos de retorno y reubicación a nivel urbano y rural de comunidades desplazadas tras el prolongado conflicto armado; sino también en procesos de acceso a la justicia, reparación colectiva, reforma rural y restitución de tierras, y garantías de participación política, incluida la protesta social, para direccionar las reclamaciones ciudadanas hacia canales institucionales que favorezcan la intervención estatal para resolver el déficit de derechos humanos a nivel territorial y comunitario, entre ellas las acciones judiciales.

También la acción defensorial para la construcción de paz territorial en Colombia se fortalece al consolidar a las comunidades locales como el actor socio-político principal con el que se estructuran acuerdos de trabajo, particularmente sobre su fortalecimiento organizativo a través de procesos de formación y asesoría especializada para aumentar su capacidad de incidencia, que se constituye en la garantía de lograr intervenciones prolongadas y eficientes por parte del Estado para materializar los derechos humanos como mecanismo de construcción de paz a nivel territorial.
En este orden, se propone la optimización de la gestión Defensoría a partir del fortalecimiento de los equipos de trabajo humanitario en terreno, particularmente los Defensores/as Comunitarios/as, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que en el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, en el punto 5.1.3.5 establece que “El Gobierno tomará las medidas necesarias para fortalecer el programa de defensores comunitarios, y en particular sus funciones de protección y promoción de los derechos humanos con el fin de que acompañen de manera efectiva los procesos de restitución de tierras, retorno y reubicación de las personas en situación de desplazamiento y de las víctimas en el exterior, incluyendo refugiados y exiliados, que hagan parte de esos procesos, y acompañen y asistan a las víctimas para garantizar el acceso a la oferta institucional en materia de satisfacción de sus derechos.”
El llamado al fortalecimiento del programa de defensores comunitarios implica brindar herramientas institucionales para mejorar la capacidad de incidir en las políticas públicas y movilizar respuesta de las entidades del Estado para proteger derechos humanos en comunidades vulneradas y vulnerables por el Conflicto Armado Interno, con agendas de protección y acción defensorial acordadas directamente con comunidades en el marco de sus procesos organizativos; ello a partir el mejoramiento de las garantías laborales para los trabajadores humanitarios de conformidad con las situaciones territoriales y sociopolíticas existentes a nivel territorial que generan complejos riesgos físicos y psicológicos debido a la naturaleza del trabajo en terreno.
De este modo, la estrategia de los defensores comunitarios ha resultado acertada y conveniente para una la gestión defensorial en favor de comunidades vulnerables en los lugares que históricamente han hecho presencia los actores armados, especialmente en la prevención de infracciones al DIH y en la atención humanitaria a la población desplazada. Su fortalecimiento como parte de la política de construcción de paz territorial debe, además, ampliar los territorios en los que se desarrolla el trabajo humanitario más allá de los priorizados para la implementación de los acuerdos de paz, ya que no corresponde por completo con la extensa territorialidad donde se ha escenificado el conflicto armado interno a lo largo de varias décadas de confrontación militar, en la que existen comunidades victimizadas las FARC y Estado cuyos derechos se realizaran en el marco de los Acuerdos de Paz, pero también víctimas de otras organizaciones subversivas, del paramilitarismo y sus grupos sucesores, con comunidades que no han tenido acceso a justicia ni reparación integral a pesar de la existencia de leyes como la Ley 1448 de 2011, pero cuyas reivindicaciones en derechos humanos requieren tratamiento a nivel territorial por parte del Estado si se quiere cumplir con las obligaciones derivadas de la Constitución Política de Colombia y de los tratados internacionales que conforman el Bloque de Constitucionalidad.

El fortalecimiento del programa de Defensores Comunitarios para la construcción de paz territorial implica brindar mejores herramientas y metodologías de trabajo para aumentar la capacidad de incidencia de las comunidades en las políticas de Estado para la resolución del déficit de derechos humanos existente en territorios de conflictividad armada. Ello requiere el direccionamiento estratégico de las acciones de prevención y protección de derechos humanos de los equipos en terreno de la Defensoría del Pueblo, con adecuadas orientaciones metodológicas y recursos logísticos para desarrollar una agenda territorial de protección de derechos que amplíe el trabajo humanitario en procesos de prevención y protección, retornos, reubicaciones y restitución de tierras, y fomente la implementación de otras herramientas institucionales de reparación a comunidades fundamentadas en los acuerdos de paz, como la promoción de acceso a la justicia a través de la Jurisdicción Especial para la Paz para comunidades victimizadas, incluidos procesos de verdad y memoria histórica, así como la gestión de procesos de Reparación Colectiva, o la protección judicial directa de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de comunidades rurales y urbanas históricamente victimizadas, de conformidad con los requerimientos de la realidad existente a nivel local que está definida por la agenda de protección de derechos que de forma concreta reclaman las comunidades.
El fortalecimiento de las Defensoras Comunitarias, también debe compeler por brindar al trabajador humanitario en terreno mejores herramientas metodológicas e institucionales para la mediación y resolución pacífica de conflictos a nivel local, especialmente en relación con la protesta social y las garantías para el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos, tanto en la agenda de reivindicaciones de derechos al Estado, como en las reclamaciones de las comunidades ante empresas que realizan inversiones económicas en los territorios degradados por el conflicto armado, de cara a un equilibrio entre modelos de economía y sustentabilidad ecológica. Esto implica contar con directrices claras en relación con la protesta social en Colombia, además de comprometer recursos para el desarrollo de procesos pedagógicos y formativos de las organizaciones comunitarias y sus líderes como criterio básico para la construcción de paz, que mejoren su capacidad de incidencia en las políticas públicas como mecanismo para resolver conflictos territoriales.
Esto implica, además de ajustar las competencias, directrices y herramientas metodológicas y logísticas, ampliar la planta de Defensores/as Comunitarios/as y Asesores/as de Desplazamiento que realizan trabajo humanitario en terreno definidos de conformidad con una agenda territorial de construcción de paz que está por definir, y que no debe responder exclusivamente a la priorización territorial de los actores en conflicto, sino a criterios objetivos que permitan identificar territorios rurales y urbanos donde ha ocurrido confrontación armada y reubicación de poblaciones victimizadas para implementar allí acciones de construcción de paz territorial.

De igual manera, se requiere el fortalecimiento del equipo nacional cualificado para orientar y fijar lineamientos de acción en terreno, investigación y documentación de casos de violación de derechos humanos, así como procesos de litigio estratégico coordinado en el territorio nacional para incidir en los ajustes institucionales requeridos para brindar respuestas efectivas de las entidades gubernamentales a las necesidades de derechos de las comunidades, no sólo en relación con las víctimas de desplazamiento forzado, sino en general en comunidades victimizadas y marginalizadas en el marco del conflicto armado, en aras de un goce efectivo del universo de derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia y en el Bloque de Constitucionalidad con referencia al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Bajo estos parámetros, un eje central de acción estratégica de las defensores comunitarias debe ser el reconocimiento y fortalecimiento de la capacidad organizativa de las comunidades para construir consensos y acuerdos, agendas sociales de base territorial que conduzcan a la construcción y consolidación de una paz integral, a partir de procesos de formación en derechos humanos que cualifiquen su capacidad de incidencia frente a las entidades gubernamentales en función de lograr un goce efectivo de sus derechos a nivel territorial; brindando acompañamiento y asesoría para organizar las demandas cívicas de las comunidades hacia procesos de participación ciudadana que sean determinantes en los planes, programas y proyectos gubernamentales para garantía de los derechos humanos, teniendo en cuenta los contextos sociales, culturales, y ambientales existentes a nivel territorial.
Por ello, se propone en este documento la transformación de la Defensoría Delegada para los Derechos de Población Desplazada en la Defensoría Delegada para la Construcción de Paz Territorial y la Protección de los Derechos de las Comunidades Vulnerables y Vulneradas por el Conflicto Armado Interno.

Objetivo General de la Defensoría Delegada: Promover procesos de formación y fortalecimiento organizativo a comunidades locales vulneradas en sus derechos por el Conflicto Armado Interno de Colombia para incrementar su capacidad de participación e incidencia en escenarios institucionales de exigibilidad de los Derechos Humanos orientados hacia su Goce Efectivo como base de la construcción de paz territorial; y realizar acciones defensoriales de protección colectiva de comunidades, organizaciones sociales, procesos organizativos, grupos étnicos y otros sujetos de especial protección con acompañamiento permanente en terreno, la gestión defensorial de acciones judiciales y la producción de documentos especializados que contribuyan al ejercicio de la Magistratura Moral.

Objetivos específicos:

1. Fortalecer la capacidad de organización, participación e incidencia de las comunidades vulneradas en sus derechos por el Conflicto Armado Interno a través de procesos pedagógicos y de acompañamiento para la construcción de agendas de acción colectiva en
   términos de consensos y acuerdos para la exigibilidad de Derechos Humanos en aras de su Goce Efectivo como mecanismo de construcción de paz territorial.
2. Contribuir a la prevención temprana y urgente, de comunidades vulneradas en sus derechos, así como a las garantías de no repetición a través del acompañamiento en terreno y del fortalecimiento organizativo de las comunidades locales.
3. Desarrollar acciones defensoriales de protección de derechos humanos para incidir en la implementación de políticas públicas de construcción de paz con enfoque de Goce Efectivo de Derechos a nivel territorial para reconstrucción del tejido social con la participación efectiva de las comunidades y organizaciones sociales.
4. Fortalecer la gestión de la Defensoría del Pueblo en escenarios de Construcción de Paz a nivel territorial ampliando la capacidad institucional de incidencia en las políticas públicas para la movilización efectiva de las entidades del Estado colombiano hacia la garantía de los Derechos Humanos con fundamento en su Goce Efectivo de la ciudadanía colombiana bajo los principios de integralidad y garantía de no regresividad.

Estrategia de la Defensoría Delegada dirigida a:

1. Fortalecer la capacidad de organización, participación e incidencia de las comunidades vulneradas en sus derechos por el Conflicto Armado Interno a través de procesos pedagógicos y de acompañamiento para la construcción de agendas de acción colectiva en términos de consensos y acuerdos para la exigibilidad de Derechos Humanos en aras de su Goce Efectivo como mecanismo de construcción de paz territorial.
   • Con presencia permanente en terreno en diálogo directo con las comunidades en riesgo y/o vulneradas en sus derechos para mejorar su capacidad de agencia, participación e incidencia en políticas, programas e inversiones públicas para el Goce Efectivo de Derechos.
   • Realizando actividades de formación para el fortalecimiento del tejido social y comunitario en derechos civiles y políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y del Ambiente con énfasis en las problemáticas existentes a nivel local y regional. Promoviendo la incorporación del enfoque diferencial étnico y la perspectiva de género en los procesos organizativos de las comunidades locales.
   • Implementando herramientas para diseño participativo de agendas de acción colectiva a nivel comunitario y territorial que permitan ordenar las demandas cívicas en materia de derechos humanos para una adecuada participación en escenarios institucionales de decisión sobre implementación de políticas públicas de construcción de paz.
   • Estructurando mecanismos de resolución pacífica de conflictos, decisión colectiva democrática y rendición de cuentas en el interior de las organizaciones de las
     comunidades acompañadas, y entre comunidades y organizaciones hacia diálogos interculturales, interétnicos, e intergeneracionales con enfoque de género a nivel territorial.
   • Brindando apoyo técnico a comunidades y organizaciones sociales para fortalecer su capacidad de agencia para la protección y defensa autónoma de derechos humanos en el marco de estrategias de acción colectiva. Habilitando escenarios de diálogo, concertación y coordinación constante entre las comunidades organizadas a nivel territorial y con las entidades gubernamentales del orden municipal, departamental y nacional.
   • Propiciando el acompañamiento directo de organismos internacionales de derechos humanos y entidades gubernamentales especializadas en acceso a la justicia y construcción de paz con intervenciones para la reconstrucción del tejido social y comunitario y la garantía efectiva de derechos humanos.
   • Fomentando procesos de investigación-acción participativa por comunidades y organizaciones sociales para documentar situaciones de vulneración de derechos humanos.
   • Impulsando el ejercicio del control social y político de las comunidades sobre el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos orientada a la transparencia en la administración pública y buenas prácticas de gobernanza.
2. Contribuir a la prevención temprana y urgente, de comunidades vulneradas en sus derechos, así como a las garantías de no repetición a través del acompañamiento en terreno y del fortalecimiento organizativo de las comunidades locales.
   • Poniendo en conocimiento y advirtiendo a las entidades locales y regionales sobre situaciones de riesgo que afecten los escenarios de paz e incidiendo para las Garantías de No Repetición.
   • Promoviendo procesos institucionales para el diseño e implementación de políticas públicas de prevención y protección de violaciones a los derechos humanos por situaciones de violencia socio-política dirigidas a comunidades y organizaciones acompañadas a nivel territorial.
   • Promoviendo la incorporación del enfoque diferencial étnico y la perspectiva de género en las políticas públicas de prevención y protección a violaciones a los derechos humanos por situaciones de violencia sociopolítica.
   • Fomentando escenarios institucionales de diálogo social para la resolución pacífica de conflictos y la estructuración de acuerdos vinculantes entre comunidades, entidades gubernamentales y gremios o sectores empresariales, frente a conflictos socio-ambientales y procesos de protesta social por garantía de derechos o defensa de territorios desde una perspectiva de garantía de derechos humanos.
   • Fortaleciendo los mecanismos de autoprotección de las comunidades y organizaciones acompañadas.
   • Estructurando procesos de comunicación pública y diálogo entre entidades gubernamentales y comunidades y organizaciones sociales para disminuir situaciones de estigmatización y señalamiento que puedan derivar en situaciones de riesgo contra comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
3. Desarrollar acciones defensoriales de protección de derechos humanos para incidir en la implementación de políticas públicas de construcción de paz con enfoque de Goce Efectivo de Derechos a nivel territorial:
   • Adelantando procesos de formación y sensibilización a entidades gubernamentales sobre escenarios y experiencias de construcción de paz a partir del reconocimiento sociopolítico de las comunidades y sus organizaciones para la garantía de derechos.
   • Propiciando la apertura de escenarios institucionales de participación de comunidades y organizaciones sociales para incidir en las decisiones públicas de las entidades territoriales y gobierno nacional en materia de Derechos Humanos.
   • Participando y convocando reuniones interinstitucionales para promover y exigir la incorporación del enfoque de derechos en las políticas públicas con participación e inclusión efectiva de las comunidades y organizaciones sociales en su diseño e implementación a nivel territorial.
   • Adelantando procesos técnicos de documentación sobre situaciones históricas de violación de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno para fomentar el acceso a la justicia de comunidades vulneradas en sus derechos con énfasis en crímenes de lesa humanidad.
   • Desarrollando acciones judiciales para protección de derechos fundamentales y sociales, económicos, culturales y ambientales coordinadas desde perspectiva de litigio estratégico a nivel nacional.
   • Haciendo seguimiento y control a las políticas públicas de construcción de paz a través de informes especializados de análisis y valoración con indicadores de Goce Efectivo de Derechos.
4. Fortalecer la gestión de la Defensoría del Pueblo en escenarios de Construcción de Paz a nivel territorial ampliando la capacidad institucional de incidencia en las políticas públicas:
   • Fijando lineamientos y brindando apoyo a las defensorías regionales para optimizar la capacidad de protección y defensa de derechos humanos de comunidades vulneradas en sus derechos con ocasión del conflicto armado interno.
   • Asesorando técnicamente a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y entidades gubernamentales en la implementación de módulos de capacitación a comunidades con metodologías participativas con enfoque diferencial étnico y de género y análisis territorial.
   • Fomentando procesos de reparación colectiva, memoria histórica, reforma rural integral y participación cívica en procesos de construcción de paz a nivel territorial.
   • Formando a las defensorías regionales y equipos en terreno para ampliar la capacidad institucional de gestión de conflictos socio-ambientales hacia su resolución pacífica con garantía de derechos territoriales de las comunidades locales.
   • Ampliando la capacidad de mediación y resolución pacífica de conflictos de las defensorías regionales y equipos en terreno frente a procesos de movilización y protesta social.
   • Fortaleciendo la capacidad de respuesta de las defensorías regionales a través de la puesta en marcha de estrategias de atención comunitaria y jornadas de atención descentralizada e incrementando la cobertura de los defensores comunitarios.

Algunos de los Problemas sobre los cuales actuará la Delegada:

1. Ruptura de tejido social como consecuencia del conflicto armado y otras formas de violencia.
2. Barreras de acceso a los derechos humanos particularmente al GED en procesos de construcción de paz a nivel territorial.
3. Los bajos niveles de desarrollo y realización de los derechos económicos sociales y culturales, derivados del conflicto armado y la baja inversión social.
4. Participación social en los planes programas y proyectos en escenarios derivados de acuerdos de paz y en el proceso de diálogo del gobierno con el ELN.
5. Riesgos sobre los derechos a la vida, libertad personal e integridad en escenarios de paz.
6. Fortalecimiento de las capacidades comunitarias para velar por la transparencia en la administración de los recursos públicos.
7. Falta de legitimidad del Estado por déficit de derechos humanos consagrados en el ordenamiento constitucional de la República de Colombia
8. Permanencia del conflicto armado por actuación de grupos paramilitares y nuevas agrupaciones armadas.

La Defensoría Delegada para la Construcción de Paz Territorial y la Protección de los Derechos de las Comunidades Vulneradas por el Conflicto Armado Interno se estructura de acuerdo a cada una de las estrategias:

1. Identificación de territorios de vulneración actual e histórica de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno para la ampliación del equipo de Defensores Comunitarias.
2. Diseño programático y metodológico del portafolio de acciones institucionales de protección de derechos humanos en comunidades vulneradas por el conflicto armado interno de conformidad con los lineamientos estratégicos en función de los objetivos de la Defensoría Delegada para la Construcción de Paz Territorial.
3. Reforma institucional para ampliar competencias de los Defensores Comunitarios en concordancia de los lineamientos estratégicos de acción de la Defensoría Delegada para la Construcción de Paz Territorial.