UNA MANO PARA LA TIERRA NEGRA: DOCUMENTAL

Compartimos documental sobre el origen de la figura de Defensoras y Defensores Comunitarios realizado entre los años 2002 y 2003: una estrategia de la Defensoría del Pueblo que adquiere ese nombre en el año 2002 con el apoyo de la Cooperación de Suecia, para la protección de los derechos humanos de comunidades desplazadas y en riesgo de desplazamiento forzado ubicadas en zonas fuertemente afectadas por el conflicto armado interno en Colombia. Pero es ante todo un documental sobre la resistencia y dignidad de las comunidades negras e indígenas del Bajo Atrato (municipios de Riosucio y Carmen del Darién), especialmente de la cuenca del río Cacarica, y del Medio Atrato, particularmente de Bojayá. Estas comunidades chocoanas sufrieron violaciones masivas y sistemáticas a sus derechos entre finales de los noventas y comienzos de la década del 2000 como consecuencia de graves infracciones al DIH y de violaciones a los derechos humanos.

Dicha estrategia humanitaria de acompañamiento a comunidades afectada por el conflicto armado nace y se desarrolla en un contexto institucional en el cual se pretendió negar la existencia del conflicto armado interno y del desplazamiento forzado por parte del Gobierno Nacional. 17 años después, se repite la historia mediante presiones de diverso tipo desde el Gobierno Nacional para que se desconozca e ignore la tragedia del desplazamiento forzado en Colombia, en momentos en que se incrementan las cifras de población desplazada; no está de más recordar que aunque han aumentado las cifras de desplazamientos masivos, el desplazamiento forzado en Colombia sigue siendo mayoritariamente de uno o pocos núcleos familiares («Gota a gota», como se ha denominada coloquialmente).

¿Qué ha cambiado entonces? En esta oportunidad la Defensoría del Pueblo, en cabeza del señor Carlos Alfonso Negret Mosquera, cede ante las presiones y usando la excusa de la necesidad legítima de atender a la población venezolana, cambia el nombre de la dependencia responsable de impulsar la respuesta institucional al desplazamiento forzado: La que anteriormente se denominaba «Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada», desde comienzos de 2019 es nombrada como «Defensoría Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana». Esto implica que un equipo de trabajo que no alcanzaba a responder a las necesidades de 8 millones de personas desplazadas forzadamente, ahora debe incorporar en sus tareas la tragedia de la población venezolana; y esto se realiza en un contexto de debilitamiento del Equipo Nacional de dicha Delegada. El problema de fondo radica en el sistemático debilitamiento de las labores de la Defensoría en relación con la población desplazada forzadamente. Al respecto, ver también:   https://www.sindhep.org/ocultando-el-desplazamiento-forzado-en-colombia/

Queda entonces este testimonio de las comunidades acompañadas y de algunas de las personas que contribuyeron a la defensa de los derechos de la población desplazada forzadamente y en riesgo: