Bogotá D.C. 16 de enero de 2018
Señor
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo Bogotá Asunto: SOLICITUD Situación contratista – Defensora comunitaria del Bajo Atrato Cordial saludo,
Queremos compartir con usted la preocupación que nos asiste como Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo – SINDHEP. La Defensoría del Pueblo ha cumplido un papel fundamental en el acompañamiento de las comunidades en riesgo de desplazamiento en la región del Bajo Atrato Chocoano, por lo que la idoneidad para desempeñar cargos en esta región significa tener conocimiento territorial, reconocimiento comunitario y voluntad para soportar las múltiples dificultades que la labor trae consigo.
Tal es el caso de la Defensora Comunitaria del Bajo Atrato, Ana María Martínez, quien desde hace dos años viene acompañando las comunidades y ha demostrado con suficiencia tener cualidades superlativas para el cargo. Es necesario tener en cuenta que fue precisamente el Bajo Atrato el territorio donde nació la figura del Defensor Comunitario y la complejidad de la dinámica territorial obliga a que se cumplan estándares muy altos en la defensa de los derechos humanos. En ese contexto, la Defensora Comunitaria actual ha demostrado que ha sabido mantener este legado institucional realizando sus labores a la altura de las circunstancias actuales.
Desde el despliegue de la Operación Génesis por parte de la Fuerza Pública en connivencia con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en 1997, el Bajo Atrato se ha caracterizado por un contexto de disputa territorial permanente, definiéndose como unas de las regiones con mayores necesidades de acompañamiento institucional de la Defensoría del Pueblo, lo cual se ha venido realizando en el transcurrir de décadas por parte de los funcionarios de terreno. De allí que uno de los mayores capitales acumulados de la entidad, es la credibilidad institucional forjada por ellas y ellos.
La evolución de la dinámica del conflicto en la región posterior a la firma del acuerdo de paz que redundó el tránsito de las FARC de movimiento armado a partido político, ha significado también un despliegue importante de fuerzas y actores legales e ilegales y con ello el incremento permanente de los riesgos para la población civil. La lectura pormenorizada del contexto actual en el Bajo Atrato, indica que es altamente probable la agudización de la situación humanitaria en esta subregión. En ese sentido, consideramos que la falta de continuidad de la profesional que conoce de manera amplia y suficiente
las complejas dinámicas regionales y que ha construido lazos de confianza con las
comunidades por varios años, especialmente sobre la Larga-Tumaradó, Pedeguita-
Mancilla, y Domingodó, es a todas luces un revés para la gestión defensorial. La entidad
no puede permitirse una ruptura abrupta en la continuidad cualificada del trabajo en
terreno toda vez que es evidente el incremento de los factores de vulnerabilidad de la
población civil en una subregión históricamente marginada y victimizada, como lo han
venido señalando numerosas organizaciones de Derechos Humanos en el país y la
comunidad internacional1.
Debe saber usted que existe un informe de gestión bastante completo que refleja la
labor realizada en territorio por la Defensora Comunitaria y adicionalmente existe un
documento técnico firmado por el equipo nacional de la Delegada para los Derechos de
la Población Desplazada que secunda la labor realizada por ella en el territorio (ambos
documentos adjuntos), creemos desde el sindicato que estos elementos técnicos deben
ser tenidos en cuenta para la toma de la decisión final sobre la continuidad de Ana María
Martínez como Defensora Comunitaria en el Bajo Atrato.
Uno de los objetivos principales de SINDHEP es defender la misión constitucional
encomendada a la Defensoría del Pueblo y por ello le solicitamos que atienda a su
compromiso con las comunidades más vulnerables que la guerra les ha devastado en los
territorios y en consonancia de su lema defensorial Defender al Pueblo es Defender la
Paz, se dé continuidad al trabajo desempeñado por la Defensora Comunitaria del Bajo
Atrato, con las garantías de un contrato laboral.
Una decisión en sentido contrario, muy probablemente implique un grave retroceso en
relación con el efectivo y eficaz cumplimiento de la Misión que constitucional y
legalmente corresponde a la Defensoría del Pueblo desarrollar, en la medida en que se
pierda el valioso acumulado de trabajo, experiencia y conocimiento que ha logrado Ana
María Martínez como Defensora Comunitaria del Bajo Atrato.
Entendemos que pueden existir diferencias personales entre la Defensora Comunitaria y
quién coordina el trabajo de la regional, estas diferencias pueden ser resueltas a través
de canales institucionales previstos para ello sin perjuicio de la labor misional, para ello
este sindicato ofrece a usted sus buenos oficios con el fin de garantizar un acuerdo justo
entre las partes y con ello mantener y mejorar la labor territorial en pro de la protección
de las comunidades.
Finalmente, me permito solicitarle reunión de carácter urgente para dialogar sobre este
asunto en particular, con el objetivo de contribuir a que pueda usted tomar una decisión
informada, que permita evitar una situación de retroceso en la labor de promoción,
protección y garantía de derechos de la población desplazada y en riesgo por parte de la
Defensoría del Pueblo en el Bajo Atrato.
Cordialmente,
JOSÉ LUIS RUIZ VELÁSQUEZ
Presidente SINDHEP (Original Firmado)
Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo
1 Es importante destacar que en el último bimestre del año 2017 fueron asesinados dos líderes reclamantes de tierras de las cuencas La Larga-Tumaradó y Pedeguita Mancilla (Mario Castaño y Hernán Bedoya).
