DENUNCIA PÚBLICA: La dirección de la Defensoría del Pueblo revictimiza a servidores públicos amenazados

DENUNCIA PÚBLICA

DENUNCIA PUìBLICA SINDHEP AMENAZAS A TRABAJADORES DEFENSORIA DEL PUEBLO

El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, SINDHEP, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, la persecución a la que han venido siendo sometidos varios servidores públicos que desarrollan trabajo humanitario para la prevención de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la protección de derechos humanos en territorios donde se desarrolla el Conflicto Armado Interno colombiano, ante un manto de silencio de la Defensoría del Pueblo, en cabeza del Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, que si bien ha hecho una notable tarea sobre las cifras de asesinatos y amenazas a líderes sociales, no se compadece con su obligación ética y moral de hacer visible y atender los casos que se vienen presentando sobre los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad humana de sus trabajadores; el ejemplo empieza por casa, con mayor razón sí se trata de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Colombia, y quien fuese elegido recientemente como Secretario de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos-GANHRI.

Ante tal silencio, denunciamos que las amenazas proferidas contra los trabajadores humanitarios de la Defensoría del Pueblo sin duda corresponden a conductas de violencia organizada para limitar y/o detener las labores de prevención y protección de vulneraciones a los Derechos Humanos adelantadas por funcionarios públicos en desarrollo de las tareas encomendadas a la Defensoría del Pueblo de Colombia, en cumplimiento de lo ordenado respecto de los Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado y lo definido en el Acuerdo Final de Paz(1); y a favor de comunidades en riesgo y vulnerables debido a la compleja dinámica de la confrontación armada que persiste y se agudiza en los territorios. Por tanto, dichas amenazas son de tal gravedad que no sólo atentan contra la vida e integridad de los compañeros Defensores de Derechos Humanos, sino también contra el cabal cumplimiento del mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo de Colombia, lo que además se perfila como respuesta alineada a lo que esta ocurriendo en los distintos escenarios del ejercicio de defensa de derechos en el país.
Los casos que denunciamos son:

1) En la Defensoría del Pueblo Regional Urabá, el Defensor Comunitario ha sido amenazado por organizaciones armadas debido a su labor de acompañamiento institucional a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde se desarrolla resistencia civil no violenta de las comunidades en oposición a la intensa conflictividad militar y al despojo territorial en el marco del Conflicto Armado Interno. Estas amenazas ocasionaron el desplazamiento forzado del servidor público desde el pasado 7 de junio de 2018, quien en consecuencia, en lugar de haber recibido un trato digno y humanitario por parte de la entidad, las actuaciones institucionales por el contrario han agravado la vulneración de los derechos del compañero amenazado, dado que no sólo no ha sido objeto de atención emocional ante el estrés y el trauma producido por la amenaza, el desplazamiento forzado y la incertidumbre de su situación laboral, si no que le han iniciado una investigación disciplinaria.

2) En la Defensoría del Pueblo Regional Urabá, el 29 de septiembre del presente año, el
Analista Regional del Sistema de Alertas Tempranas, recibió en su teléfono institucional,
un texto amenazante que obligó a su desplazamiento forzado para proteger su vida,
libertad e integridad. A pesar que esta situación ocurre en el marco de sus funciones, la
Defensoría del Pueblo no destinó ningún recurso para coadyuvar su salida del territorio,
concertar las medidas de protección más adecuadas para su situación profesional,
personal y laboral, ni la atención emocional correspondiente. Contrario a la observancia
de enfoques humanitarios, de prevención y de protección frente a la compleja situación
de riesgo del servidor público, la entidad le ordenó el 7 de noviembre retornar de manera
inmediata a cumplir sus funciones en la Regional Urabá, lugar de donde proviene la
amenaza contra su vida, advirtiéndole la Directora de Recursos Humanos de la Entidad la
apertura de procesos disciplinarios en caso de no acatar esa orden y sin que medie ningún
proceso de concertación entre la entidad y el servidor público en riesgo.

3) En la Defensoría del Pueblo Regional Casanare, el Defensor Comunitario ha sido objeto de
reiterados y graves señalamientos debido a sus labores de acompañamiento de
organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos sociales en Casanare,
particularmente las organizaciones de mujeres desplazadas, organizaciones comunales y
organizaciones indígenas, y ha sido denunciado de forma temeraria de ser responsable de
conductas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos como el
desplazamiento forzado. Estos actos de señalamiento y estigmatización son un mecanismo
para limitar sus actividades de protección de derechos humanos en barrios marginales y
territorios de los pueblos indígenas en los Llanos Orientales bajo situaciones de alta
conflictividad armada, poniendo en riesgo su vida con este tipo de acusaciones sin
fundamento.

Los casos arriba mencionados se suman a situaciones de riesgo reportadas por trabajadores
humanitarios de la Defensoría del Pueblo asociados a SINDHEP en otras regiones, lo que permite
hacer la lectura de los hechos como un fenómeno creciente que se configura en situaciones de
vulneración de carácter estructural, y que se encuentran documentadas en el marco del derecho a
la libertad sindical.

Consideramos que estas situaciones son resultado de acciones violentas organizadas que tienen
como propósito limitar y/o detener la función pública de los trabajadores humanitarios de la
Defensoría del Pueblo, especialmente sus labores de protección de derechos humanos en
comunidades altamente vulneradas por el Conflicto Amado y en situación de riesgo, con
persecución sobre servidores públicos que de manera ética y profesional desarrollan labores
humanitarias de protección de los derechos fundamentales declarados en la Constitución Política
de Colombia de 1991 y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por la
República de Colombia, así como en virtud de lo mandatado a la Entidad como parte de la
implementación del Acuerdo Final de Paz.

Denunciamos estos hechos como una persecución fundamentada en motivaciones socio-políticas
sobre servidores públicos que defienden Derechos Humanos, el Estado Social de Derecho, el
mandato constitucional y legal de la Defensoría del Pueblo, y además ejercen la libertad sindical.
Por tal motivo, con preocupación advertimos que esas conductas están sancionadas por el
Estatuto de Roma como Crímenes de Lesa Humanidad y están bajo jurisdicción de la Corte Penal
Internacional.

Por la grave situación que venimos atravesando solicitamos:

1. Al Defensor del Pueblo de Colombia, que no guarde más silencio frente a tales situaciones
de mucha gravedad, que disponga de mecanismos institucionales para la protección
efectiva e integral de los derechos fundamentales de los trabajadores humanitarios y
defensores de derechos humanos que realizan servicio público desde ésta entidad estatal
y se encuentran en situación de riesgo debido al ejercicio de sus funciones públicas,
específicamente la puesta en marcha y adopción en el organigrama institucional de una
línea operativa y especializada para la prevención, protección y atención durante el
desarrollo de las misiones en terreno y otros riesgos derivados de sus funciones, con
protocolos e infraestructura suficiente y atendiendo al principio “pro homine” en materia
de derechos humanos.

2. A las autoridades judiciales de la República de Colombia, investigar éstas situaciones
denunciadas públicamente, y al Gobierno Nacional adoptar las medidas de protección
adecuadas para trabajadores humanitarios del Ministerio Público, con enfoque territorial y
de derechos.

3. Al Señor Procurador General de la Nación, quien viene liderando la Mesa Nacional de
Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, se solidarice y adelante
las acciones que estime conveniente en el marco de sus funciones, y convoque una
audiencia para analizar la situación de los servidores públicos que realizan funciones de
defensa de derechos humanos y trabajo humanitario en el país.

Solicitamos a la comunidad internacional, las organizaciones defensoras de derechos humanos, a
los sindicatos, y las organizaciones y movimientos sociales, su solidaridad con las comunidades y
organizaciones sociales acompañadas por los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo
especialmente en Urabá y Casanare, y la observación sobre la situación de derechos humanos en
estos territorios, en vista de que las acciones institucionales de prevención y protección están
limitadas por el riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales al que están expuestos los
trabajadores humanitarios por el desarrollo cabal de sus labores en terreno.

¡Exigimos el Derecho a Defender Derechos Humanos en Colombia, que no nos cuesta La
Vida!

SINDICATO DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO- SINDHEP

(1) 1 A la Defensoría del Pueblo le fueron encomendadas tareas específicas de prevención y protección de derechos humanos de las comunidades bajo las figuras de defensores comunitarios y analistas del Sistema de Alertas Tempranas en los artículos 200 y 201 del Decreto-Ley 4800 de 2011, los puntos 2, 3 y 5 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.